Publicado en: 2022-11-30
Desde hace muchos años, las deportaciones masivas a migrantes haitianos y haitianas ha sido una constante de diferentes gobiernos. Estas deportaciones no se limitan a migrantes, sino que personas dominicanas de origen haitiano, incluso personas dominicanas negras han sido también víctimas, lo que evidencia que no solo se trata de un asunto migratorio, sino que está a la base el racismo con base a color de piel.
Capturados en las calles, sacados de sus hogares o detenidos en sus lugares de trabajo, las personas sospechosas de ser haitianos indocumentados son seleccionados, por el color de su piel, para su expulsión, sin que tengan muchas oportunidades para mostrar su documentación. Si la tienen, en muchas ocasiones esta es confiscada o destruida o se le exige algún soborno. Por parte de algún funcionario de Migración o algún miembro del Ejército.
Recientemente el presidente de República Dominicana Luis Abinader emitió el 11 de noviembre el decreto 668-22, en el que alegando razones de seguridad nacional habilita y ordena la expulsión masiva de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Esto se suma a que hace ya décadas se le niega el derecho a pensión a trabajadores cañeros. El presidente ha señalado que lxs migrantes haitianxs son una carga económica, sin embargo, se sabe que estos migrantes aportan de manera significativa a la economía dominicana en la agricultura, el turismo, en la construcción, sectores económicos que se basan en la sobreexplotación de trabajadores y trabajadoras haitianos.
Las condiciones a las que son sometidas las personas deportadas son realmente inhumanas. Son subidas en masa a camiones cerrados y oscuros, sin ninguna ventilación, sus familias en general no tienen conocimiento que son deportados, llegan a Haití sin dinero, sin ropa. Muchos niños quedan traumatizadxs al ser separados de sus padres o sus madres. Varixs estudiantes haitianos que cuentan con su documentación también han sido deportados.
Varias organizaciones han señalado que estas deportaciones masivas son terrorismo de Estado contra la comunidad inmigrante y las personas dominicanas de ascendencia haitiana que fueron desnacionalizadas por la sentencia 168-13, lo cual, a su vez, constituye una limpieza étnica.
Lo anterior sucede al tiempo que se refuerza el nacionalismo dominicano. Diversos grupos, lidereados por la Antigua Orden Dominicana, han atizado el racismo antihaitiano movilizándose de forma violenta para impedir actividades no solo de solidaridad con Haití, sino también en actividades que han hecho grupos activistas y culturales que buscan mostrar los efectos de la colonización en la Isla y las maneras en que se manifiesta el racismo.
Para entender todo lo anterior, es importante entender el devenir de ambos países, que se articula a los procesos de colonización en la Isla por parte de españoles y franceses que, posteriormente tuvo sus efectos en las élites dominicanas que construyeron la identidad dominicana siempre en relación con Haití.
Una isla, dos estados nacionales
La isla nombrada Babaqueque, Bohío o Haití por sus primeros pobladores, y que luego Cristóbal Colón llamó La Española, fue el primer laboratorio de la colonización europea que luego se extendió al resto de las Américas. Se basó primero en la explotación de mano de obra indígena para la minería y luego, en el trabajo esclavo de africanxs en las plantaciones.
El hecho de que en la isla tengamos dos estados nacionales se debe a la repartición que hicieron franceses y españoles, al dividir la isla en dos en el siglo XVII. Esto dio lugar a la creación de los dos estados nacionales: Haití, a partir de la Revolución haitiana, y República Dominicana, a partir de la separación de Haití. Tal separación ha estado marcada por el antihaitianismo y ha resaltado la hispanofilia y la blancura del proyecto nacional impulsado por las élites criollas dominicanas.
Un hecho significativo ocurre en el periodo entre 1822-1844, cuando los gobernantes haitianos ocuparon la parte oriental de la isla, el Santo Domingo español, que la historiografía oficial ha llamado invasión haitiana a República Dominicana (de hecho, en ese periodo aún no existía República Dominicana). La noción de invasión se convirtió paulatinamente en uno de los pilares principales de la argumentación que los sectores nacionalistas han entronizado y utilizado tanto para despreciar al pueblo haitiano y, sobre todo, a sus descendientes nacidos en República Dominicana para justificar políticas de Estado que controlan la migración haitiana hacia el país, quitan derechos laborales a trabajadores de nacionalidad haitiana y niegan la ciudadanía a sus descendientes dominicanxs.
Aunque en las islas colonizadas por España la producción azucarera comenzó desde los primeros años de la colonización, en la isla La Española, su apogeo ocurrió a finales del siglo XIX, momento en el que el azúcar viraba de artículo suntuario a cotidiano. Este fue uno de los primeros productos comestibles que sustentaban la expansión capitalista mundial con base en la productividad de la mano de obra y el consumo. Con ello se generó una economía agroindustrial internacional en la que el azúcar fue fundamental para su desarrollo
En República Dominicana, la mano de obra principal de esta industria fueron: primero, personas llevadas de islas inglesas, específicamente Anguilla, Antigua, St. Kitts, Nevis, Tórtola, Caimán, Turcas y Caicos y St. Thomas, hoy conocidos como los cocolos, y, posteriormente, cuando los norteamericanos tuvieron el dominio de esta industria a partir de las intervenciones militares (Haití, de 1915-1934 y República Dominicana, de 1916-1924)[1], la mano de obra comenzó a traerse de Haití, quienes han sido considerado como una “raza inferior”[2].
El antihaitianismo como política de Estado, aunque ha sido sostenido por distintos gobiernos, tuvo su clímax en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1960) a partir de la llamada Matanza del Perejil[3], en la que fueron asesinados veinte mil haitianos y haitianas en la frontera norte y muchos dominicanos y dominicanas que nacieron en República Dominicana. Desde este momento, el hispanismo, la blancura y el antihaitianismo se fortalecieron y fueron claves en la definición de la identidad nacional dominicana, promovidas por gobernantes, intelectuales y empresarios de diferentes épocas hasta el día de hoy.
Los y las trabajadores de la industria azucarera han sido en República Dominicana objeto de explotación y de irregularidad (salarios paupérrimos, negación de documentos, lugares de vivienda en condiciones precarias), promovidas por las políticas estatales y empresariales dominicanas, que ponen a la mayoría de los trabajadoras y trabajadores en condiciones de neoesclavitud, lo que luego ha incidido negativamente en su progenie nacida en Dominicana, quienes se ubican en el más bajo eslabón de esas jerarquías sociales.
La desnacionalización de personas dominicanas de origen haitiano
La Sentencia 168 del 2013 desnacionalizó aproximadamente doscientas diez mil personas dominicanas de origen haitiano, que representan cerca del 2.5 % de la población total. Esta fue aplicada en forma retroactiva a todas las personas nacidas entre 1929 y 2010, lo que privó arbitrariamente de la nacionalidad dominicana a cientos de miles de personas de ascendencia haitiana, que nacieron y viven en el país hace décadas y creó una situación de apatridia nunca vista en la región.
La Sentencia fue promulgada por al Tribunal Constitucional ante un recurso de amparo que Juliana Deguis Pierre, su primera víctima, interpuso ante la Junta Central Electoral, ya que esta se negó a entregarle su acta de nacimiento actualizada y la cédula de identidad. Juliana Deguis nació en República Dominicana. Es la menor de cuatro hijos de Nelo Diessel, quien llegó a R. Dominicana a picar caña, y de Lucía Jean, quien se dedicó a la venta de panes en las plantaciones cañeras, ambos de nacionalidad haitiana.
Luego de que Juliana había hecho diversos trámites por más de siete años, al tratar de que se le entregara su acta de nacimiento para poder declarar a sus hijos e hijas, poder estudiar y trabajar, y recibir negativas constantes por parte de las instituciones estatales, interpuso un recurso de amparo al Tribunal Constitucional Dominicano para que fallara a su favor, en cumplimiento de la defensa de los derechos ciudadanos que este organismo debía defender. En respuesta, este Tribunal emitió la Sentencia 168-13 que le negaba la nacionalidad y la hacía extensiva a toda persona que estuviera en su misma condición, es decir, a doscientas diez mil personas. El argumento fundamental, entre otros, que sostuvo el Tribunal es que Juliana no tenía derecho a la nacionalidad dominicana porque sus padres eran extranjeros “en tránsito”.
La Constitución de 1929, que se tomaría como punto de referencia para la aplicación de la sentencia, definió la nacionalidad dominicana por jus soli, (‘derecho al suelo’). Es decir, toda persona que nace en República Dominicana es dominicana. Esto, hasta la Constitución del año 2010. Para esta época, extranjeros en tránsito eran aquellas personas que pasaban por República Dominicana hacia otro destino. Sin embargo, muchos trabajadores haitianos y haitianas tenían ya más de quince años viviendo en el país y el mismo Estado contribuyó a que permanecieran en condiciones irregulares para explotarles como mano de obra barata. No obstante, vale destacar que las constituciones no legislaban en torno a que la nacionalidad estaba definida por las condiciones de los progenitores, por lo que no debería aplicarse a los hijos e hijas.
La Sentencia 168-13 se trató de una práctica eugenésica que, como lo ha analizado Nira Yuval-Davis, busca mejorar la “calidad de la provisión nacional alentando a aquellos que son adecuados en términos de origen y clase a tener más niños o niñas y desalentando a otros de hacerlo” (1997, p. 42). Yo agrego también que lo son por raza y género. Es necesario seleccionar quienes serán el futuro de la nación mediante el control de la natalidad y la clasificación de la población, una expresión de la biopolítica que se ejerce fundamentalmente a través de las madres al desnacionalizarlas.
Y estas marcaciones han sido producto de los efectos de la colonización europea en la isla, así como el racismo antihaitiano que se generó de la relación histórica conflictiva entre ambos países, fomentada por las élites dominicanas para defender su proyecto nacional “puramente dominicano”.
[1] Estas intervenciones se justificaron mediante la doctrina Monroe, política exterior norteamericana para los países latinoamericanos y caribeños: “América para los americanos”, formulada en 1823 por el presidente James Monroe para evitar la intervención de las potencias europeas en los asuntos internos de los países del hemisferio americano. Esta doctrina explica por qué Estados Unidos aumentó su influencia en la región.
[2] Aunque entiendo la raza como ficción, una idea desde donde surge el racismo, coloco aquí “raza inferior” entre comillas para denotar la representación que se hace de esta población.
[3] Alrededor de veinte mil personas, haitianos, haitianas y sus descendientes que eran dominicanos y dominicanas, pues muchos ya habían nacido allí, fueron asesinados a machetazos y hachazos (por eso también se le llamó El Corte) en la frontera norte, por un ejército de unos tres mil soldados activos y un refuerzo doce mil civiles entrenados. El nombre de esta matanza proviene del hecho de que, para distinguir a los civiles haitianos y haitianas de la población dominicana negra y mulata de la zona, se les exigía pronunciar la palabra perejil, porque la lengua creole no incluye el fonema suave de la letra R. Así, la policía dominicana y los civiles entrenados tenían un método aparentemente fácil para seleccionar a sus víctimas.
FOTO: DGM
Bibliografía
Curiel, Ochy (2021). Un golpe de Estado: la Sentencia 168-13 Continuidades y discontinuidades del racismo en la República Dominicana. Bogotá: En la frontera,
Mintz, Sidney (1996). Dulzura y poder. El lugar del azúcar en la historia moderna. México, D.F. México: Siglo XXI.
Yuval-Davis, Nira (1997). Género y Nación. Lima, Perú: Centro de la mujer peruana Flora Tristán.
