Yo también me defendería

FOTO: Majo
Publicado en: 2022-04-10

Defenderse es una acción que ha sido parte de las dinámicas sociales toda vez que existan relaciones violentas racistas y sexistas, de despojo y genocidio. Significa resguardar la vida, marcar un límite ante la violencia y más que nada, decirle al agresor o a los grupos dominantes, no somos pasivas. A veces, las personas o poblaciones realizan un trabajo organizativo para esta defensa, otras veces ha sido desde la energía de sobrevivir.

La “legítima defensa” es un término jurídico que tanto en la Argentina como en Guatemala existe en los códigos penales. En este mes, se llevaron a cabo dos juicios en estos territorios alejados. En Bella Vista, Buenos Aires, Argentina, Eva Analí De Jesús, más conocida como Higui, fue absuelta por el delito de homicidio al comprobar que fue en legítima defensa ante el ataque de un grupo de hombres y el intento de una violación correctiva por ser lesbiana.

Higui sufrió un ataque lesbofóbico y, además, sufrió violencia racista y tortura judicial por parte del sistema de justicia argentino. A pesar de encontrarla en el lugar con la ropa rota, inconsciente por los múltiples golpes, fue llevada a la estación policial y más tarde, a la cárcel, donde estuvo ocho meses retenida. Esa noche en la estación, los agentes de policía revisaban el cuerpo de Higui para asegurarse que no convulsionara o sucediera algo por la gravedad de los golpes, tal como lo declaró una policía en su juicio.

Higui presentó una denuncia por intento de violación, sin embargo no se investigó ni se tomaron sus palabras para retroceder el procedimiento y actuar en protección a ella por el ataque que había vivido. Más bien, se continúo presentándola como la responsable del homicidio y supuesta actuación premeditada. Casi siete años después resuelven su absolución.

En tierras q’eqchi’, Guatemala, Carmela Jolomná vivía un continuum de violencia por parte del papá de sus hijos, y la niña que está gestando. Desde hace un tiempo, Carmela presentó denuncias a las instituciones de justicia y al consejo comunitario. En la primera logró medidas de seguridad, por tanto, él no se acercaba a la casa. Sin embargo, estas vencieron recientemente y aprovechó para regresar.

El día del ataque, llegó a casa con cervezas y después de un rato, empezó la dinámica violenta; la amenazó con “machete” (cuchillo largo que se usa cotidianamente en la casa y para la agricultura) y la violó según lo relató en su primera declaración. Le presionaba su vientre, gritando que quería sacar a la niña. Entre las amenazas y los golpes, ella con siete meses de embarazo, logra agarrar el machete y se defiende, provocándole la muerte. 

Inmediatamente sale de la casa junto a sus hijos y acude a la instancia de organización comunitaria y la comunidad la entrega a la policía. Días después, en la primera declaración se decreta falta de mérito y fue puesta en libertad. Andrea Barrios del Colectivo Artesana, defensoras de derechos humanos de mujeres privadas de la libertad en Guatemala, quienes acompañaron a Carmela y su familia, señala que “es un precedente histórico”. Este colectivo junto a la defensa pública trabajaron una estrategia al presentar las evidencias del continuum de violencia, la agresión de esa noche, y como el hecho fue sin premeditación. Esto logró determinar el homicidio como mecanismo de defensa. Según el defensor público de Carmela, “es poco frecuente que una persona se defienda, y menos probable que se absuelva de un delito utilizando la legítima defensa”.

Sin embargo, el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODES) (instancia de organización comunitaria diseñada desde el Estado) de la aldea donde ella reside, decidieron -en asamblea junto a la familia del agresor- que ella y sus hijos no podrán regresar a la comunidad, “porque ella ya sabe hacer asesinatos, porque las mujeres y los niños tienen miedo de lo que ella hizo”, argumentan en el comunicado publicado en las redes digitales de esta entidad.

Las dos mujeres, en diferentes circunstancias, si no actuaban como lo hicieron, hubieran muerto. En el caso de Higui, además del grupo de hombres agresores, las personas funcionarias actuaron de una forma violenta hacia ella, sin realizar adecuadamente la investigación sobre su ataque y asumiendo la responsabilidad de Higui, simplemente por su cuerpo. Una de las fiscales usó estas palabras para describir a Higui: “sucia, desaliñada, y se defiende como hombre”.

Por otro lado, en el caso de Carmela fue la comunidad y la familia del agresor, quienes actuaron de forma injusta. Pese a que Carmela había acudido al consejo y a las instituciones varias veces para denunciar la violencia que vivía, no se actuó con diligencia en esos momentos ante un caso conocido. Ahora la expulsan de su casa, de su comunidad.

En situaciones como estas donde las amenazas de agresiones permanentes no dejan otro camino más que la defensa, ¿cómo reaccionaríamos ante ellas? ¿Cómo reaccionaríamos ante la posibilidad de violencia sexual o amenazas de muerte?¿Estamos preparadas para defendernos? ¿Nos hemos organizado para detener las agresiones?

La prevención y la defensa son necesarias como una acción colectiva. Organizarnos para enfrentar y detener toda agresión, tiene más impacto que realizarlo individualmente. Un ejemplo, es la defensa de los territorios que mantienen las comunidades o pueblos, aunque insistan en atacar individualmente por medio de la judicialización y los asesinatos, la defensa ha sido colectiva. Según Andrea, esta acción colectiva estuvo ausente durante el proceso de Carmela, aunque se hizo el llamado, pocas personas y organizaciones respondieron para acuerpar.

Muchas veces, las violencias racistas y patriarcales son enfrentadas desde la soledad porque la colectividad no responde. Tanto buscar el apoyo o la defensa colectiva como la reacción de acompañar y la empatía, ayuda a detener y romper con los patrones violentos. Así fue el movimiento que acompañó a Higui en su proceso jurídico.

Higui, en su discurso, invitó a seguir luchando por todas las “pibas, pibes, mujeres trans” que siguen encarceladas injustamente por el sistema racista. De igual forma, Andrea argumenta que en tan solo dos casos se ha aplicado la “legítima defensa”. Existen numerosos casos dentro de las cárceles de mujeres que han sido sentenciadas culpables por el homicidio de sus agresores. En Guatemala, siete mujeres han presentado procesos judiciales por parricidio y logrado una condena por homicidio en estado de emoción violenta, obteniendo una pena más baja.

FOTO: Tiempo judicial – shorturl.at/orLSX

Print Friendly, PDF & Email

Lesbiana-feminista interpelando la construcción ladino-mestiza. Contempladora de la Red de la vida.

Deja un mensaje

Tu email no será publicado. Los campos requeridos están marcados *

1 Me gusta
0 No me gusta