Juvenicidios o “políticas de seguridad”: desde la operación Orión hasta la Resistencia del 28A en Colombia

resist
Publicado en: 2021-06-04

Lorena Mancera es barranquillera, socióloga y Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo en Córdoba, Argentina. En esta conversación con Mili Pardo de Revista Marea, pretendemos analizar brevemente el accionar del Estado a través de su llamada “política de seguridad” que ha dejado hasta la fecha miles de jóvenes desaparecidos, empobrecidos, desescolarizados, reclutados para la guerra y unas escandalosas cifras de asesinados en los últimos 20 años de la historia de Colombia.

Iván Duque Márquez asume la presidencia de Colombia en el año 2018 mientras transcurren una serie de esfuerzos por parte de la sociedad civil y las instancias del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición para darle cumplimiento al acuerdo de paz firmado en el año 2016 entre el Estado colombiano y la ex guerrilla FARC después de casi 10 años de negociación. Su candidatura fue impulsada desde las viejas estructuras políticas viciadas y hegemónicas más poderosas del país; ha favorecido a los grandes empresarios y banqueros a través de sus políticas económicas dejando a la clase trabajadora, pequeños empresarios, y el erario en el menor lugar de importancia y relevancia dentro de sus políticas de gobierno incluso en uno de los momentos más críticos de la economía del mundo a raíz de la pandemia producida por el covid-19.

En Colombia estamos en uno de los peores momentos de la historia respecto a la economía, el trabajo, la salud y la educación, aun así la respuesta de su gobierno fue una reforma tributaria que plantea agravar la base de los productos de la canasta familiar como papa, pollo, arroz y huevo, impuesto de renta a personas naturales y pensiones para recaudar alrededor de 30,3 billones de pesos llamándolo “Ley de solidaridad sostenible para la sostenibilidad de las financias públicas y la erradicación de la pobreza”.

Desde el 28 de Abril del 2021 emergió una ola de estallido social y descontento impulsada por la nefasta reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque, hasta la fecha la respuesta del gobierno ante las manifestaciones ha sido exceso de fuerza por parte de la policía nacional y el ESMAD. Según el informe preliminar de la Misión de solidaridad internacional y derechos humanos publicado el 3 de junio de 2021 después de visitar el departamento del cauca, y centros urbanos como Medellín, Cali, Popayán, Bogotá y Pereira concluye las siguientes aproximaciones de violaciones al derecho internacional humanitarios:

Desaparición forzada: 18
Delitos contra la vida: 63
Delitos contra la integridad física: 743
Delitos contra la libertad: 1198
Delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio de la protesta: 25
Delitos contra la propiedad: 15

La mayoría de las personas victimizadas son hombres y mujeres jóvenes, estudiantes o en situación de empobrecimiento, en ese sentido queremos profundizar en cómo estas políticas de seguridad recaen en políticas de muerte sobre las vidas más jóvenes.

Mili Pardo: ¿A qué te refieres con juvenicidio Lorena?

Lorena Mancera: El juvenicidio es una categoría que es emergente, es decir, que no se está trabajando en todos los contextos sociales sino que se ha propuesto desde México por un investigador que se llama José Manuel Valenzuela. El desarrollo del concepto se da en el contexto de narcotráfico y violencia que está viviendo México, principalmente en la frontera con Estados Unidos y hace referencia al asesinato sistemático de algunos sectores de la población joven, sobre todo a aquellos atravesados por alguna situación o algunas identidades que hacen que sus vidas sean consideradas por el sistema económico y político como vidas sacrificables; y dentro de esta categoría están los jóvenes pertenecientes a grupos étnico-raciales, las mujeres, los jóvenes con identidades y orientaciones sexuales diversas, migrantes e incluso en situación de discapacidad. Entonces en este contexto es, como se asesina sistemáticamente a jóvenes en distintos países de América latina o en el sur global sobre todo cuando son de sectores populares, y que además hay una desacreditación del ser joven en contextos de precariedad y por eso cuando son asesinados o asesinadas empiezan a surgir algunos discursos para justificar estas muertes, eso es el juvenicidio.

R.M: ¿Tu sujeto de estudio es la comuna 13 de Medellín, cuál es el contexto histórico de esta comuna?

L.M: El 99% de la población que habitaba la comuna 13 en 2011 tenían viviendas que surgían por asentamientos espontáneos, terrenos que en su momento no estaban habitados sino que las personas que venían desplazadas del conflicto armado, sobre todo del pacífico colombiano, empezaron a habitar estas partes de la ciudad, por eso de manera un poco estigmatizante se les llama invasores. Algo importante es que la comuna tiene una ubicación bastante estratégica, porque está cerca a la vía al mar, de hecho, dentro de las rutas de economía ilegal es conocida como el corredor de occidente porque está conectada con el municipio de Urabá. Esta comuna además ha sido victimizada por una de las operaciones militares más violentas en casco urbano y más polémicas, no sólo a nivel nacional sino a nivel latinoamericano, porque dejó como consecuencia una fosa común que es la escombrera, la cual se cree que es la fosa más grande en un territorio urbano en América latina. Entonces, todas estas características a mí me permitieron decidir hacer esta investigación en este sector de la ciudad de Medellín. Como hay distintas dinámicas de violencia, hay un consenso entre investigadores e incluso con organizaciones de derechos humanos y es que hay cuatro fases de la violencia. La primera es la ocupación de tierras porque si bien las personas venían a asentarse lo hacían con costumbres y prácticas culturales distintas y esto generó problemas de convivencia entre vecinos y vecinas entre 1976 y 1986, la segunda es la presencia y la hegemonía miliciana guerrillera, que aprovechó la poca presencia del Estado en este sector de la ciudad para hacer sus prácticas clandestinas, y también para regular la vida social en un contexto de conflicto armado. Ya para 1999 y 2002 cuando se da el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, estos actores armados entran a disputarse la economía ilegal de la comuna y se desencadena una guerra total porque entran las fuerzas de seguridad del Estado con la operación Orión. Pero en el año 2002, que es el año en el que Álvaro Uribe Vélez llega a la presidencia de Colombia, se dan en este mismo territorio 22 operaciones militares, de hecho se dice que la inauguración de la política de seguridad del gobierno de Uribe Vélez se da con la operación Orión. Luego de esta intervención militar se da una disminución de homicidios pero se incrementan las desapariciones forzadas. El bloque paramilitar Cacique Nutibara es el que empieza a operar de manera hegemónica en la comuna 13, pero con el proceso de paz de 2008 adelantado por el Estado y el paramilitarismo, se extradita a alias “Don Berna” quién comandaba este bloque y esto genera una crisis de liderazgo en las estructuras criminales. Esta nueva situación genera un incremento de homicidios en la ciudad de Medellín desde el 2009 hasta el año 2013. Un nuevo repunte se presenta en 2018 y se relaciona con la firma de acuerdo de paz con las FARC. Entonces este es el contexto de las dinámicas de violencia en la comuna 13 de Medellín.

R.M: ¿Cómo ves este tema del juvenicidio en la actual coyuntura: la protesta social en Colombia desde el 28 de abril?

L.M: desde este trabajo lo vengo diciendo, Colombia es un Estado juvenicida que sistemáticamente ha asesinado a sus juventudes, no solamente en este contexto que estamos viendo hoy de cómo se ha estigmatizado desde el discurso oficial de los medios de comunicación a la protesta social. Si miramos a estas y estos sujetos que se manifiestan y este fenómeno que estamos viendo en Colombia la formación de primeras líneas como resistencia, nos vamos a dar cuenta que allí hay juventudes precarizadas que no han accedido a la educación, al trabajo o que también hay movimientos estudiantiles sobre todo de universidades públicas.  En las primeras líneas también se pueden encontrar jóvenes que reconocen que aun accediendo a la educación privada deben enfrentar mucha precariedad, pues todavía hay varios aspectos por mejorar para vivir dignamente en Colombia. También tuvimos la desgraciada oportunidad de ver como esta clase alta en el sur de Cali intentaba asesinar a la Guardia Indígena y aquí aparece otro aspecto importante que es el proceso de racialización, por eso aquí quiero decir que lo que está pasando en Colombia es un ataque a las juventudes de la clase trabajadora, negra, indígena, pobre, que habita en las periferias de las grandes ciudades.  Además del asesinato, también se busca silenciar sus voces y deslegitimarlas acusándolos de “vándalos”, “invasores” o de “vagos” que no estudian ni trabajan ni se dedican a nada, cuando lo que quieren es desdibujar una realidad y es que nos estamos enfrentando a una generación que no tiene oportunidades de desarrollar sus capacidades ni de tener lo mínimo, pues en los últimos estudios relevados por el DANE se encuentra que hay 2,2 millones de familias en Colombia que solamente comen dos veces al día, sin contar las que solo lo hacen una vez al día. Entonces este estallido social que existe hoy en el paro tiene rostro joven y no solamente porque son el grueso de los manifestantes y de las primeras líneas, lo cual los convierte en objetivo militar, sino también porque las demandas del comité del paro y de otros colectivos los atraviesan directamente.

R.M: ¿algunas consideraciones finales?

L.M: hoy estamos viendo a un Estado al que no le importa que hayan cámaras y transmisiones en vivo a través de redes sociales, las cuales evidencian la forma en que asesinan a jóvenes sobre todo en sectores populares o que tampoco les importa militarizar ciudades como respuesta a este estallido social. Vemos un Estado descarado que viene haciendo estas cosas desde hace mucho tiempo, principalmente en territorios rurales ante el silencio y la naturalización del resto de la sociedad. Entonces creo que esto que está sucediendo debe marcar un precedente para empezar a entablar acciones y acuerdos como sociedad para la defensa de la vida, un derecho básico y fundamental que no se ha podido garantizar en la historia de Colombia y que esta generación de jóvenes yo creo que lo han asumido como su bandera y por eso no han levantado el paro aún con las medidas adoptadas por el Gobierno, las cuales no solucionan los problemas estructurales.  Desde el rol que ocupemos como profesionales, estudiantes, como niños y niñas, como adolescentes, jóvenes o trabajadores, como mujeres negras, mujeres feministas, como nos reconozcamos, debemos acompañar estos procesos de protesta social, sin imponer nuestra visión de adultos sino propiciando diálogos intergeneracionales que nos permitan comprender cómo las juventudes ven el país, que cambios se requieren y las formas para obtenerlo. Sí o sí se va a dar un cambio y este es el momento para hacerlo.

Print Friendly, PDF & Email

(Socióloga)

Socióloga de la universidad del Atlántico, especialista en políticas públicas, magister en Estudios Latinoamericanos de la UNCUYO. Feminista y activista por los derechos de las juventudes.

One Comment

  1. Duque es un gobierno titere que aparenta, es mandado por Uribe, el gobierno más ineficiente de la historia cilombiano, mucha corrupción, gobierna para beneficio propio, el pueblo colombiano en su totalidad no se le cree ni una sola palabra de lo que dice

Deja un mensaje

Tu email no será publicado. Los campos requeridos están marcados *

2 Me gusta
1 No me gusta