Esterilización forzada en Perú. Un camino vindicativo por verdad, justicia y reparación

FOTO: Archivo Sara Cuentas
Publicado en: 2018-12-16

Expresar mi compromiso con la demanda de Verdad, Justicia y Reparación de mis hermanas de las comunidades andinas y amazónicas del Perú, impactadas en sus cuerpos, vidas y territorios por la esterilización forzada durante el gobierno dictatorial de Fujimori, significó para mí, evidenciar con indignación la persistencia del colonialismo y sus opresiones patriarcal, racista, capitalista y clasista en la sociedad peruana y en las políticas públicas que, supuestamente, estaban encaminadas a promover y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Perú, pero que realmente eran una continuidad de los imaginarios y prácticas sociales que protegen aún hoy, en total impunidad a los principales perpetradores.

 Vivir en dictadura, fragmentos de mi experiencia:

En el 2016, inicié la investigación “La verdad está en nuestros cuerpos. Secuelas de una opresión reproductiva”, en esta fueron protagonistas centrales las reivindicaciones de cerca de 300 mujeres de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (AMHBA), las cuales buscaban visibilizar las afectaciones de la esterilización forzada veinte años después de que esta se había practicado en Perú. Mi camino con estas mujeres había comenzado en 1993, año que ingresé a la universidad, esos años fueron de un caminar difícil, lleno de obstáculos, amenazas, miedos, dolor y desesperanzas. La universidad donde estudiaba, así como todas las universidades del resto del país, se encontraban controladas por el ejército, estaban militarizadas por orden de Fujimori ya que eran vistas como focos del “terrorismo”. Toda la comunidad estudiantil estaba bajo sospecha.

Aún recuerdo el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori con apoyo de los militares dio el autogolpe de estado, disolviendo el Congreso, el Tribunal Constitucional e interviniendo el poder judicial.  A partir del golpe, sin Congreso de la República, se desarrolló un período de nueve meses donde se produjo oscuras transformaciones en el Estado, con Decretos Ley elaborados desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en coordinación con las fuerzas armadas y donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos con total impunidad.

El 18 de julio de 1992, por la madrugada, el Grupo Colina, en coordinación con efectivos de la base militar situada en la universidad “La Cantuta”, irrumpieron en las viviendas universitarias y  secuestraron a 9 estudiantes y un docente de la universidad. Ante el silencio de autoridades políticas, judiciales y militares, la prensa escrita inició investigaciones sobre caso de desaparición forzada “La Cantuta”. Al año siguiente, la Revista Sí reveló el lugar donde los restos de algunos de los estudiantes fueron enterrados. La Fiscalía, ante representantes de la prensa nacional e internacional, encontró enterrados los restos, calcinados y seccionados, así como objetos personales, entre ellos dos llaveros, que ayudaron a confirmar la identidad de las víctimas. Este hecho cruento impactó en toda la comunidad universitaria y logró su cometido: sembrar el miedo.

Entre 1993 y 1995 vivencié de cerca cómo se privaba de libertad, se torturaba e intentaba desaparecer a personas inocentes, acusadas supuestamente de terrorismo, por ser defensoras y lideresas en sus comunidades o por participar movilizando a la población contra los abusos cometidos por las autoridades y el ejército en sus territorios. Durante esos años, muchas ONGs tuvieron que dejar las zonas donde trabajaban porque era peligroso promover los derechos humanos y más en las zonas andinas y amazónicas. Mi padre, Felipe Fernández, y mi madre, Josefa Ramírez, de quienes aprendí mucho, no abandonaron del todo la zona donde accionaban, a través del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), porque les parecía contraproducente dejar a su suerte a las lideresas y líderes con quienes trabajaban de manera comprometida promoviendo el liderazgo, la organización y el fortalecimiento de capacidades representativas de las mujeres andinas en la Provincia de Huancabamba (Región Piura, norte del Perú), específicamente con la organización AMBHA, Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba.

He de decir, que mi madre es originaria de la comunidad andina de Quispampa, ubicada en las faldas de la cordillera del Cóndor Huamaní, en Huancabamba a 2.500 msnm, heredera de las ancestrales Guayocundas y Capullanas (lideresas norteñas y andinas que resistieron al colonialismo). Fue la única de sus once hermanas y hermanos que pudo estudiar en la universidad, debido a que a la edad de cinco años migró a Lima y fue criada por mi tío abuelo y su esposa, quienes no podían tener familia. Ella nunca olvidó sus orígenes andinos ni guayocundos. Cuando egresó de la universidad, y con un feminismo diría decolonial, dedicó su profesión a promover la organización de las mujeres quechuas y aymaras en el Sur del Perú. Posteriormente, quiso retribuir sus saberes a su comunidad originaria y decidió, después de superar una desafiante operación a corazón abierto, encaminar su acción vindicativa en Huancabamba y apoyar así la organización y los liderazgos de las mujeres de su tierra natal.

Este compromiso vindicativo que ella inculcó en mí, fue aquel que la animó a nunca abandonar a sus hermanas huancabambinas, aun cuando el peligro acechaba y fuera declarada Huancabamba como zona de emergencia por el ejército en 1994. A pesar de las amenazas del gobierno fujimorista, continuó su trabajo como defensora. Recuerdo haber acompañado a ella y a mi padre en los talleres, asambleas, marchas y reuniones que promovían con las activistas de la AMBHA.

El gobierno de Fujimori intentó “sembrar pruebas” en las defensoras y defensores de derechos humanos para llevarles a prisión, acusándoles de hacer apología al terrorismo. Incluso amenazó y torturó a personas de las comunidades para obligarles a firmar falsas acusaciones. Esto ocurrió en Huancabamba, cuando al presidente de la comunidad campesina de Quispampa, Antero Peña, y a Paulina Choquehuanca, lideresa de la AMHBA, les encarcelaron, les torturaron y les obligaron a declarar en contra del trabajo que realizaban mi madre y mi padre. No lo hicieron y fueron atrozmente violentados sus derechos humanos. A Antero, miembros del ejército, le golpearon por todo el cuerpo con la culata del fusil, mientras maniatado de pies y manos, a pesar de la tortura, persistía en que no firmaría ningún papel para hacer daño a Josefa y a Felipe. A Paulina, la violaron en la comisaría de Huancabamba con todo lo que pudieron. Aun así resistió para no firmar nada en contra de quienes apoyaban a la AMHBA.

Recuerdo bien esos casos, porque les conocía, eran personas muy comprometidas con el desarrollo de sus comunidades y caseríos, muy cercanas a nuestra familia, con las cuales habíamos compartido muchas experiencias maravillosas, a través del trabajo de papá y mamá. Persiste en mi memoria la noche que recibimos la llamada telefónica de la compañera de Antero, quien desesperada comunicaba lo sucedido. Así empezó una ardua lucha para lograr su liberación y evitar que le desaparecieran. En casa, éramos muy conscientes de todo cuanto ocurría. Siempre vivíamos con miedo a que les pudiera suceder algo a papá o a mamá. Sabíamos que en la puerta de casa, nos habían colocado la vigilancia de miembros del SIN, sólo porque mi padre y mi madre eran defensores de derechos humanos.

 La esterilización forzada:

Hacia el año 1995, Fujimori necesitaba demostrar que había democratizado al país y que todo estaba bajo control. Incluso viajó a Beijing, a la Conferencia Internacional de la Mujer. Fue el único mandatario que acudió y en presencia del feminismo mundial anunció el inicio de su política de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar, afirmando que las “mujeres peruanas serían dueñas de su propio destino”. Lo que no se sabía era que él y todo su séquito habían fraguado un plan, -aprovechando lo duramente golpeadas que se encontraban las comunidades andinas y amazónicas por la violencia política-, para cometer uno de los delitos más cruentos contra las autonomías física, sexual y reproductiva de las mujeres: la esterilización forzada para “combatir la pobreza”. Entre 1996-2000, a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF)”, se esterilizó a cerca de 300 mil mujeres y 20 mil hombres.

En 1996, Giulia Tamayo, abogada, activista feminista y gran amiga de mi madre, juntas tuvieron las primeras evidencias en Huancabamba. Recuerdo que Giulia le preguntó a mi madre “¿Josefa, qué hacemos?” y mi madre respondió: “investiga Giulia, tú tienes muchas posibilidades de conseguir los apoyos para hacerlo”. Y allí se inició lo que sería el informe “Nada Personal” con participación de las mujeres de AMBHA (Piura) y la organización de mujeres de Anta (Cusco) y de otras regiones del Perú.

Cuando en 1998 se presentó el informe, luego de una minuciosa búsqueda de pruebas, donde participó mi hermana, Raquel Cuentas, como integrante del equipo de investigación, empezaron las amenazas y el intento de acallar a las víctimas. El informe puso en evidencia que la denominaba política de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar, en realidad eran “festivales de ligaduras de trompas”, donde sin su consentimiento, bajo amenaza y en condiciones insalubres se esterilizaba a las mujeres de manera impune. Era un plan metódico y sistemático, porque se establecieron cuotas de cumplimiento y se aplicó día a día, mes a mes, año a año con reportes de los avances que llegaban al mismo despacho de Alberto Fujimori. El informe fue tan incómodo y peligroso para el gobierno fujimorista que Giulia en 1999 tuvo que salir del país, como refugiada, rumbo a España, porque atentaron contra ella y su familia.

El racismo, el desprecio a las comunidades andinas y amazónicas que imperaba en la cultura peruana, contribuyeron a no tomar en cuenta lo que estaba sucediendo, a pesar de los informes de la Defensoría del Pueblo, a pesar de las revelaciones en algunos medios de comunicación, de la denuncia de la Parlamentaria Andina, Hilaria Supa y de las acciones vindicativas de ONG feministas como el IAMAMC, DEMUS y CLADEM y la organización defensora de derechos humanos Instituto de Defensa Legal (IDL). Fujimori con todo su aparato estatal y con los principales medios de comunicación bajo su control, invisibilizó y silenció este delito.

A partir de 1998, y con el informe de Giulia en nuestras manos, salimos un grupo de feministas diversas a la calle. Recuerdo los plantones que hacíamos entre 1998 y 2000 frente al Palacio de Justicia, para exigir verdad, justicia y reparación y apoyar la denuncia de la investigación de “Nada Personal”. Éramos pocas, las del Movimiento Amplio de Mujeres, donde activaba parte del movimiento feminista guardó silencio. El motivo: en el marco del PNSRPF, algunas ONG feministas de Lima habían realizado un convenio con el gobierno de Fujimori para implementar campañas de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva. Guardaron silencio, dieron la espalda a las compañeras de Anta y de Huancabamba. Ese fue un quiebre para el movimiento feminista en el Perú y en Latinoamérica. Con decepción y desconcierto comprendí que el racismo incluso imperaba dentro de cierto feminismo, un feminismo occidentalizado, blanco y blanqueado, institucionalizado e indiferente a las luchas y resistencias de las compañeras andinas y amazónicas. En la actualidad esta tensión continúa siendo un tema tabú, porque la conciencia sigue pesando. No es de extrañar que cuando las mujeres afectadas por la esterilización han organizado, en los últimos años, acciones frente a la Fiscalía para exigir justicia y reparación, se haya sentido la gran ausencia y la falta de apoyo de parte del movimiento feminista. Es aquí donde asumí con más convicción el feminismo decolonial, del que tanto me enseñó mi madre y posteriormente otras compañeras de camino.

Decidimos realizar la investigación “La verdad está en nuestros cuerpos. Secuelas de una opresión reproductiva”, para evidenciar cómo están ahora las mujeres que fueron esterilizadas forzosamente, qué ha sucedido veinte años después de lo ocurrido. Mis hermanas de la AMBHA me animaron a asumir la coordinación de la investigación y lo hice con sororidad activista. Logramos apoyo para su publicación, a través de la Red de Migración, Género y Desarrollo, organización de mujeres migradas, activistas feministas decoloniales en la cual activo. El título de la investigación nació de las compañeras de la AMHBA durante una jornada donde reflexionábamos juntas sobre las declaraciones que había hecho el ex ministro de Salud de Fujimori, Alejandro Aguinaga, tildándolas de “mentirosas” y de estar “manipuladas”. Ellas dijeron, “la verdad está en nuestros cuerpos, y los cuerpos no mienten”, mientras señalaban sus vientres.

FOTO: Archivo Sara Cuentas.

La experiencia de Esperanza Huayama, una de las lideresas de la AMHBA la tengo muy presente. “Yo estaba embarazada de tres meses cuando me abrieron (operaron). La anestesia no me había pegado (hecho efecto) y estuve escuchando todo lo que hablaban los médicos. Decían, ‘la señora está embarazada’, y yo les grité que no me saquen a mi hijito, me pusieron más anestesia y me quedé dormida. Cuando desperté ya me habían ligado (las trompas), estando embarazada. Al octavo mes mi hijito nació muerto, lo tenía muertito dentro de mi barriga”. Cuanta resistencia veo en su rostro, cuanta perseverancia de encontrar justicia. Ella, como muchas otras compañeras, anima a las que parecen haber perdido la esperanza a seguir con su demanda. Siempre que comparte su testimonio, agrega: “por eso compañeras, tenemos que seguir unidas, no tenemos que dejar de exigir justicia, no nos desanimemos, nos tienen que hacer justicia y reparación”.

Francisca Quispe, otra valerosa lideresa me dijo un día, en una reunión donde decidimos empezar la investigación sobre las secuelas: “no nos vamos a callar, aunque nos cueste la vida. Llevamos tantos años esperando que no vamos a parar. Fujimori tiene que pagar por lo que nos hizo, tiene que ir a la cárcel. Él y toditos los que nos hicieron esto. Por eso queremos que se sepa cómo estamos, por eso nos tienes que apoyar con la investigación, por eso estás aquí, cómo tu madre, para juntas denunciar”. Cuando la escuché y sentí su mirada interpeladora, asentí con la cabeza y la abracé. No sólo estaba conectando con su lucha, sino que, a través de todo su camino vindicativo, el cual ahora también compartía,  estaba conectando con las raíces ancestrales comunes que nos hermanaban.

Recuerdo las palabras de Nilda Guerrero, en octubre del 2016, cuando presentamos la investigación en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudié: “no estamos solas, estamos juntas en esta lucha Sarita, estamos juntas y así unidas vamos a ser más fuertes”.  Nos abrazamos todas, sonreímos y sabíamos que tarde o temprano se haría justicia. Aunque habíamos recibido amenazas meses anteriores, y con todas las limitaciones e indiferencias de cierto sector de la sociedad, persistimos.

El pasado 12 de noviembre de 2018 la fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía, Marcelita Gutiérrez, formalizó la denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori ante el Primer Juzgado Penal Nacional. Esta denuncia implicó a los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. También al ex asesor del sector Ulises Jorge Aguilar y al ex director general de la Región Salud IV de la región norteña de Cajamarca, Segundo Aliaga Pinedo; así como a otras dos personas: Octavio Marroquín y Magda González. Recuerdo haberme comunicado con ellas para celebrar a la distancia este paso significativo. Les dije “este logro es de ustedes, de su lucha perseverante, de esta resistencia, de las acciones de incidencia que realizaron en Lima en estos veinte años” y, sobre todo, en los últimos cinco años, donde se sumaron varias organizaciones como CEAR Euskadi, CEAR Catalunya, así como representantes de los gobiernos autonómicos de Euskadi y Cataluña. Ahora viene el proceso de judicialización, el más desafiante, que las encontrará más unidas, organizadas y alertas a cualquier intento de impedir su tan anhelada justicia y reparación.

Considero que si logramos se haga justicia y que los culpables sean condenados por este delito de lesa humanidad, -por intentar exterminar a un sector de población, por cometer genocidio a través de los cuerpos de las mujeres andinas y amazónicas-, se sentará un precedente a nivel internacional. Porque este caso no es único en el Perú, sabemos que hay una política internacional malthusiana, eugenésica, colonialista, dirigida hacia las poblaciones más empobrecidas, en este caso, hacia las más parias de las parias, hacia las indígenas, andinas, amazónicas.

Hace unos meses las mujeres de los pueblos originarios del Norte de América denunciaron en Canadá que se las había esterilizado sin su consentimiento. En 2014 mujeres organizadas en la India denunciaron la esterilización forzada de las mujeres dálits. En México se ha esterilizado de manera forzada a mujeres de las zonas rurales. Década antes, en Europa se denunció este delito cometido contra los cuerpos de las mujeres gitanas. Sabemos de otros países. No son un hecho aislado. No es un invento. Es un plan colonialista y racista, sistemático y metódico que pretende el exterminio de los pueblos que son excedentes, pueblos incómodos, y a través de los cuerpos de las mujeres. Hoy más que nunca es imperativo exigir Verdad, Justicia y Reparación para las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas. En este camino vindicativo está mi compromiso.

Print Friendly, PDF & Email

Activista feminista decolonial, periodista, investigadora social, coordinadora de la Escuela Feminista Decolonial de la Red de Migración, Género y Desarrollo en Barcelona.

One Comment

  1. Cuando el camino tiene muchos obstáculos, la resistencia es más fuerte. Sigue vindicando, como bien dices. Nos das ejemplo feminista y decolonial.

Deja un mensaje

Tu email no será publicado. Los campos requeridos están marcados *

1 Me gusta
0 No me gusta