Estado y pueblos Mayas: a dos décadas de los acuerdos de paz en Guatemala

FOTO: www.comunitariapress.blogspot.com
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Publicado en: 2018-06-21

Anticomunismo, contrainsurgencia y genocidio

La firma de los Acuerdos la Paz (AP) en 1996, puso fin al llamado “Conflicto Armado Interno” (CAI) en Guatemala cuyo periodo abarca 1962-1996. Se ha usado el nombre anterior, sin embargo no hubo estrictamente un conflicto armado interno. El Estado a través de su política anticomunista y contrainsurgente y de su aparato militar, no se limitó a enfrentar a la guerrilla armada, sino a juzgar por sus graves consecuencias, tuvo como objetivo perseguir y destruir a la población civil, especialmente maya.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) estima que el 83% de las víctimas identificadas fueron indígenas, mientras que la población ladina representa un 17%[1] . De igual manera, de las 626 masacres registradas por la CEH[2], 625 fueron contra comunidades indígenas arrasadas por completo y 1 fue cometida contra una comunidad ladina. La CEH atribuye a las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines, la responsabilidad del 93% de las muertes[3]; a la guerrilla se atribuye el 3% de los hechos y el 2% a otros grupos. [4]

Detrás del genocidio hubo acciones intencionadas que tenían como objetivo, paralizar la pujante lucha de Pueblos y Comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. Hubo persecución a quienes llevaban a cabo sólidos procesos de organización en contra del sistema finquero implantado mediante mecanismos de servidumbre, esclavitud y despojo de tierras, como ocurrió con la Masacre de Panzós en 1978, cuando campesinos Q’eqchi’ fueron acusados de “indios atrevidos que quería adueñarse de las fincas”.

El despojo de tierras y territorios colectivos fue brutal, un claro ejemplo de esto fue la implementación de la Hidroeléctrica Chixoy, por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, construida sobre el desalojo violento de las Comunidades que allí habitaban y en donde una de las estrategias militares para el desplazamiento fue la ejecución de cinco masacres de población Achi, en 1981.

Se buscó también aplacar la lucha contra el racismo, y para esto se usaron estrategias tales como el asesinato de dirigentes indígenas que se oponían a seguir siendo usados por sus vecinos ladinos (mestizos) para trabajos forzados, tales como construir sus carreteras, hacer sus casas, sembrar sus tierras o llevar sus cargas, de forma gratuita por el hecho de “ser indios”. Las luchas indígenas no estaban siendo impulsadas por la ideología marxista, sino formaba parte, de un esfuerzo continuo que los Pueblos Indígenas habían mantenido frente a los mecanismos de dominación colonial. Sin embargo, las aspiraciones de justicia de las Comunidades y Pueblos Indígenas, en muchos casos coincidieron con las aspiraciones de las guerrillas, que se caracterizaron por ser pocos numerosas, pero magnificadas por el ejército.

El genocidio fue planificado mediante una estrategia de destrucción desde afuera y desde adentro de las comunidades mayas. Hubo un reclutamiento forzoso de los jóvenes indígenas para convertirlos en soldados y una obligación de todos los hombres adultos a fungir como Patrulleros de Autodefensa Civil. Se intensificó el racismo, a partir de exacerbar en los soldados ladinos el desprecio y la indiferencia para dar muerte a “los indios”. Se agrandó los conflictos de clase entre indígenas colocándolos como excusas para facilitar el aniquilamiento de sus vecinos. Se usó la violencia sexual contra mujeres indígenas, para destruir desde adentro a las comunidades mayas.

La construcción de la paz desde las organizaciones sociales

Con la firma de la paz las organizaciones de derechos humanos, de mujeres e indígenas crearon una institucionalidad civil y gubernamental para contribuir a la reconstrucción del país, reconociendo a los Pueblos Indígenas y especialmente a las mujeres como sujetas y actoras políticas, con liderazgo, voz y propuestas. Instancias de la sociedad civil que apoyaron a las víctimas del conflicto armado, aportaron testimonios y pruebas, y apoyaron procesos de investigación para llevar ante el sistema de justicia a los acusados de haber cometido, masacres, asesinatos y violencia sexual en esa época. Un primer fruto de esos esfuerzos, fue el resultado del trabajo organizado de mujeres Maya Q’iche, quienes durante los años más álgidos del conflicto armado (1982), se opusieron colectivamente al secuestro de sus esposos, a la obligatoriedad de participar en las patrullas de autodefensa civil, al reclutamiento militar forzoso de jóvenes mayas y demandaron la certeza jurídica de la tierra que habitaban y que les quería ser expropiada. Junto a ello, denunciaron al ex comisionado militar Cándido Noriega como uno de los responsables de la violación a sus derechos. Noriega fue condenado en 1999 por asesinatos, secuestros, incendio, robo agravado y violación.

Más adelante, en el 2013, con gran impacto nacional e internacional, un tribunal guatemalteco condenó al general y ex jefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt por genocidio contra el Pueblo Maya Ixil. En este juicio fue clave la declaración de mujeres Maya Ixil, víctimas de violencia sexual. A finales del mes de febrero del 2016, luego de un largo proceso dos militares fueron condenados por el caso de Sepur Zarco, un destacamento militar identificado por las mujeres Maya Q´eqchi en donde se les impuso esclavitud sexual y esclavitud doméstica. En mayo del 2016, cuatro militares fueron condenados por delitos contra los deberes de la humanidad, por violación con agravación de la pena contra Emma Molina Theissen y por desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen. Frente a la justicia muchos otros casos en proceso. Durante los últimos ocho años, el Ministerio Público ha realizado un trabajo importante por sentar precedentes y mediante estas sentencias ir creando memoria y mecanismos de no repetición.

En este proceso ha sido fundamental el trabajo de organizaciones sociales, indígenas y de mujeres a favor de la justicia. Es necesario reconocer el trabajo psicosocial de salud mental, sanación desde la espiritualidad maya y acompañamiento político, realizado por las organizaciones civiles, especialmente de mujeres que ha sido esencial para que las víctimas tengan condiciones para denunciar. Los procesos que han caminado y prosperado en los tribunales han sido gracias a funcionarias y funcionarios públicos comprometidos con la independencia del sistema de justicia.

Continuidad del despojo y los crímenes contra los Pueblos Indígenas en época post paz

Sin embargo, en época inmediata a la firma de la paz, es decir el mismo gobierno firmante de la paz, inició a otorgar licencias a empresas transnacionales y nacionales (mineras, hidroeléctricas, cementeras y de monocultivos) para explotar riquezas en territorios indígenas, campesinos y rurales, en muchos de los cuáles se cometió el genocidio. Una de las acciones concretas fue rebajar las regalías para explotación de minerales, del 6% al 1%. Además se privatizaron bienes públicos.

Después de la firma de los AP, grupos de poder económico, tradicionales y nuevos, junto al aparato militar, retomaron el control del Estado. Mientras tanto, las políticas globales coinciden con las nuevas luchas políticas guatemaltecas, y fue así como llegaron las políticas multiculturales e interculturales que fueron vaciadas de su contenido transformador por los distintos gobiernos, para asumirlas como mecanismos de producción de olvido a través de ideas de convivencia pacífica, olvidando el pasado de la guerra. El multiculturalismo se convirtió en otra de las tantas estrategias, que en el espacio cultural y social instaló una falsa idea de reconocimiento de la pluralidad exotizante, mientras los Pueblos indígenas siguen siendo despojados día tras días.

Ninguno de los gobiernos posteriores a la paz demostró voluntad política para elevar los Acuerdos de Paz a acuerdos de Estado. La falta de voluntad estatal a favor de la paz, se ha hecho más evidente con los gobiernos pro-militares, que se han esforzado por cooptar y desestructurar la institucionalidad gubernamental indígena, de mujeres y derechos humanos creadas por organizaciones civiles en los últimos veinte años, y reavivar el discurso anticomunista en el país para atacar todo esfuerzo por la búsqueda de la justicia.

Se puede observar también la reproducción de viejos métodos de contrainsurgencia, que se continúan aplicando y nunca fueron suspendidos. De esta manera, los planes de paz y seguridad oficiales se imponen a partir de mecanismos de violencia política y criminalización a mujeres y hombres indígenas, campesinos y rurales, que defienden su derecho a la vida, al territorio y a los bienes naturales. Los “territorios en resistencia” son nombrados oficialmente como “territorios de ingobernabilidad”.

En el actual Estado se han reciclado los métodos violentos del CAI, usados tanto para aplacar las luchas políticas indígenas y campesinas, como en los feminicidios, con altas cifras en época pos-paz. Cada vez se tiene más evidencia, de cómo elementos del ejército están involucrados no solo en el narcotráfico, sino en el crimen organizado y en las pandillas, que son generadores de los altos grados violencia que vivimos en este momento. El poder económico y militar siguen estando por encima del poder político en Guatemala. Las causas más importantes del CAI, persisten.

Debido a la historia colonial y el lugar en que se ubicó a los indígenas, es problemático hablar de un “nosotros político”. En cambio, desde el lugar de la dominación colonial si existe un “otros indígena”, entendido como subordinado y solamente existente a partir de la falacia de la ciudadanía individual. Las políticas colectivas desde las Comunidades y Pueblos Indígenas, son vistas por el Estado-colonial, como intentos de insurgencia, por lo tanto atacadas o reprimidas. Así los dos intentos de Reformas Constitucionales gestados desde los Pueblos Indígenas, una en 1999 y la segunda en el 2017, fueron frenadas por los poderes coloniales en el Congreso de la República y el ejecutivo. Las únicas maneras en que el Estado acepta “incluir” a los indígenas, es a través de la folklorización de su existencia, que a la vez es una forma de despojo que le genera réditos a una sociedad que se alimenta estructuralmente del racismo.

Sin embargo, el quehacer político desde distintas comunidades y organizaciones indígenas, siguen retando estás lógicas coloniales del Estado y estableciendo distintas formas de luchas, plurales y heterogéneas encaminadas a que se reconozca a los Pueblos Indígenas como Pueblos con autonomía, es decir, con una decisión política sobre su propio destino. A pesar de la falta de voluntad política del Estado, la movilización de los Pueblos Indígenas continúa y debido a la pluralidad de sus propuestas, es posible pensar que se continúa cuestionando las estructuras coloniales del país y apostando a un proceso de descolonización, sin olvidar el genocidio. Si una lucha contrainsurgente y anticomunista, en el marco de la guerra fría, terminó en genocidio, significa que el Estado y los países que lo apoyaron, tienen una gran deuda con el Pueblo Maya y las comunidades Mayas, afectadas y destruidas directamente. De tal manera, que el CAI ocasiono décadas de retroceso en la vida comunitaria, familiar e individual de los Pueblos Indígenas que no se resuelve con medidas folkloricas ni con la incorporación de personajes mayas en el Estado colonial.

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[1] CEH, 1999: Vol. V: 21

[2] Ibíd. p.43

[3] Ibíd. p.25

[4] CEH, resumen, 1999: 56

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Maya Kaqchikel de Guatemala. Gran parte de sus esfuerzos los ha centrado en la lucha contra el racismo y el sexismo que los comprende como problemas producidos por dos grandes sistemas de dominación fusionados en la historia de Guatemala y de América Latina: el colonialismo y el patriarcado.

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